A la vista de los datos publicados en la última Memoria del TSJ de la Región de Murcia, sobre la actividad judicial española durante el año 2019 se arroja como primera evidencia la constatación -un año más- de la incapacidad del sistema judicial español para absorber el volumen anual de entrada de asuntos. De los 6.279.302 litigios ingresados en todo el territorio nacional a lo largo de 2019, pudieron resolverse durante el año 6.079.137, lo que arroja un balance de 2.835.149 asuntos en trámite.
El mismo fenómeno, pero más agravado, se percibe al analizar los datos correspondientes a la Región de Murcia. Los 201.942 asuntos ingresados en el año 2019 suponen un 5 % más de ingreso que en el año 2018. De ellos, pudieron resolverse 188.500 asuntos, lo cual, aunque supone un 1,4 % más que el año anterior, sitúa en 115.643 el número de procedimientos en trámite al finalizar 2019, lo que representa un incremento interanual del 13,9 %.
Recoge en dicho documento el Presidente del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de la Región de Murcia, D. Miguel Pascual del Riquelme, que no hay sorpresa en el hallazgo. Año tras año, ya sea en etapas de contracción o de expansión económica, la demanda de respuesta judicial a los conflictos se comporta con una insaciable voracidad, aumentando el retardo en la respuesta judicial.
Y ello a pesar del enorme esfuerzo desarrollado por unas plantillas de jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, forenses, funcionarios de Justicia y personal laboral a todas luces insuficientes.
Nos llaman la atención estos indicadores:
El número de jueces y magistrados en la Región de Murcia (10,7 por cada 100.000 habitantes) está por debajo de la media nacional (11,9) y ocupa el tercer peor puesto del resto de TSJ (solo por encima de Castilla-La Mancha y la Comunidad Foral Navarra).
El tiempo de respuesta en los asuntos civiles en la Región de Murcia (10,1 meses) es el más alto de España, superando en mucho la media nacional (7,4 meses) y muy lejos de otros territorios como el Principado de Asturias (4,1), Navarra (4,5), La Rioja (5,2), País Vasco (5,8) o Madrid (6,5).
La tasa de pendencia civil en la Región de Murcia (1,00) supera en exceso la media nacional (0,70), seguida de muy lejos por Castilla-La Mancha (0,87).
Y lo peor está por llegar, ante la inesperada contingencia que ha supuesto la crisis sanitaria del COVID 19, el sistema de Justicia español se va a enfrentar a un reto de proporciones extraordinarias como consecuencia del previsible masivo incremento de la litigiosidad que se derivará de una crisis económica de proporciones no menos imponentes (con previsiones que llega al 12 % del PIB). Una crisis que, en esta ocasión, se manifiesta además de forma fulminante, imprevista y muy concentrada temporalmente, por lo que, a diferencia de otras anteriores vinculadas a los ciclos económicos, sus efectos no se van a espaciar en un más o menos largo periodo de tiempo, sino a manifestarse de forma explosiva y concentrada en los próximos meses
Para esperanzarnos en este diagnóstico, el máximo órgano gestor, vuelve a recordarnos que es necesario emprender YA la instauración de los mecanismos de desjudicialización o solución alternativa o adecuada de conflictos, tanto extrajudiciales como intrajudiciales.
Por tal motivo y parafraseando a John F. Kennedy, nunca negociemos desde el temor y nunca temamos negociar…
Con el panorama judicial español y murciano, es necesario potenciar la negociación entre las partes, directamente o ante un tercero neutral, partiendo de la base de que estos medios reducen el conflicto social, evitan la sobrecarga de los tribunales y son igualmente adecuados para la solución de la inmensa mayoría de las controversias en materia civil y mercantil que se nos avecinan (resoluciones contractuales, materia arrendaticia, derecho de familia y sucesiones…). En otros conflictos, será siempre necesario la intervención judicial, sin duda, pero no debemos olvidar que tenemos esta potestad en una serie de materias tasadas desde la publicación de la Ley de Mediación allá por el año 2012.
Desde 2017 llevo desarrollando proyectos de mediación desde la Administración Publica, como el PROGRAMA RENACE, en el INFO- Consejería de Empleo- que supuso una gran oportunidad para el rescate empresarial de muchos murcianos – autónomos y PYMES- que quedaron con una losa de deuda en la gravísima crisis de 2008- 2009, y que tuvieron oportunidad de negociar créditos con sus acreedores y conseguir la solvencia necesaria para continuar con su actividad, gestionando así el fracaso empresarial desde la Administración Pública.
Asimismo y recientemente el Gobierno Regional y bajo la supervisión y apoyo del SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y MEDIACION HIPOTECARIA Y DE LA VIVIENDA DE LA REGION DE MURCIA – Consejería de Fomento- me ha encomendado el SERVICIO DE MEDIACIÓN ARRENDATICIA para ayudar a nuestros hosteleros a flexibilizar las rentas y a llegar a acuerdos que permitan , en ultima instancia, la continuidad de la relación contractual cuando pase esta terrible etapa económica, o bien, resolver esos contratos de manera ordenada, consensuando los efectos económicos que ello conlleva.
Debemos ofrecer a la ciudadanía la vía más adecuada para gestionar su problema. En unos casos será la vía exclusivamente judicial, pero en muchos otros será la vía consensual la que ofrezca la mejor opción. Así lo verbalizó la Consejera de Transparencia, Sra. Ballesteros al hablar del Pacto Regional para la Justicia en el acto de apertura de la semana de la Mediación, que se celebró el pasado 18 de enero.
Conoce perfectamente – en su condición de Magistrada de lo Mercantil- cuales son los conflictos de las empresas, particularmente las familiares, donde se mezclan los problemas societarios y los hereditarios, generando ruptura de relaciones antinatural, que deberían tratarse en el escenario de la mediación; destacando igualmente la bolsa de mediadores profesionalizados con la que ya contamos en la Región de Murcia
Con los métodos alternativos o adecuados de solución de controversias se incrementa el protagonismo de las profesiones jurídicas, especialmente por el papel negociador de los abogados que se garantiza en todo caso, pero también de los procuradores de los tribunales, los mediadores, los graduados sociales, los notarios y los registradores de la propiedad, entre otros profesionales.
Se debe recuperar, por tanto, la capacidad negociadora de las partes, con la introducción de mecanismos que rompan la dinámica de la confrontación y la crispación que invade en nuestros tiempos las relaciones sociales. Para ello es necesario introducir medidas eficaces que no se degraden ni transformen en meros requisitos burocráticos. Con este fin se ha de potenciar la mediación en todas sus formas e introducir otros mecanismos de acreditada experiencia en el derecho comparado.
Esperemos que el Consejo de Ministros que ha aprobado con fecha 15 de diciembre de 2020 el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, y la reciente iniciativa de los liberales en la Región de Murcia para redactar una Ley Regional de Mediación, haga realidad el sueño de esta abogada y mediadora y provoque, no solo dar respuesta a los desafíos surgidos como consecuencia de la Pandemia de la Covid 19, sino las reformas procesales necesarias para que nos sentemos a negociar sin temor.
ARTÍCULO ESCRITO POR ROSA VIGUERAS PARA MURCIAECONOMÍA.COM
FUENTE: https://murciaeconomia.com/art/76671/nunca-negociemos-desde-el-temor-y-nunca-temamos-negociar
