La abogada Rosa Vigueras, colegiada en Murcia, ha demandado al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por el supuesto trato degradante sufrido por parte del magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela, Alicante, Antonio Morente Espinosa, contra el que se querelló previamente ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por los presuntos delitos de prevaricación judicial, trato degradante y lesiones psicológicas.
La querella fue inadmitida por el TSJCV sin practicar ninguna diligencia de investigación.
«Ni se citó a declarar al magistrado, ni se tuvieron en cuenta las pruebas que presenté ni, mucho menos, se me citó a declarar. El Tribunal Constitucional también rechazó mi recurso de amparo, por lo que no me han dejado otra que recurrir ante el tribunal de Estrasburgo», explica la abogada Vigueras.
El desencuentro con el magistrado Morente Espinosa se remonta al 18 de mayo de 2020, en plena pandemia y estado de alarma, declarado 66 días antes por el Gobierno el 14 de marzo.
Ese día preciso en España había un total de 231.605 casos de contagios por COVID-19; 125.233 personas estaban ingresadas en los hospitales, 11.437 de ellas en las UCI.
El número de fallecidos se remontaba ya, en todo el territorio español, a 27.709 personas, 1.370 de ellas en la Comunidad Valenciana, a la que pertenece el partido judicial de Orihuela.
La noticia también se ha publicado en el periódico La Verdad:

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